La Comisión Nacional de los Derechos Humanos subrayó que el replanteamiento que se propone sobre la Guardia Nacional, representa una respuesta parcial e incompleta a la problemática de violencia e inseguridad que enfrentamos en el país, generaría el riesgo de que se vulneraran derechos humanos, no garantizaría que se acabara con la impunidad, debilitaría nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir principios,recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos.

Ante ello, solicitó a los diputados que, por graves y apremiantes que sean las circunstancias en materia de seguridad pública en el país, no se renuncie a la institucionalidad civil y democrática.

Así lo planteó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl GonzálezPérez, al participar en la Cuarta Reunión Plenaria de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, en la cual se pronunció por no depositar la garantía directa de los derechos en órganos o estructuras militares, reconociendo la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad y combate al crimen organizado como acción reactiva ante situaciones críticas.

Destacó que asumir la atención de las tareas de seguridad bajo enfoques meramente reactivos, como es el replanteamiento de funciones dela Guardia Nacional, ha demostrado su ineficacia para resolver problemas de fondo y en algunos casos se ha propiciado mayor violencia.

Repetir o intentar perfeccionar fórmulas que en el pasado han demostrado sus limitaciones y deficiencias implica apostar a que México sume otros años al entorno crítico en el que cientos de miles de mexicanas y mexicanos han perdido la vida, miles están desaparecidos y hay un número indeterminado de víctimas que viven con miedo y dolor ante la impotencia de un sistema en que reina la impunidad y sus derechos son más aspiraciones que realidades concretas.

González Pérez insistió en la necesidad de contar con una fiscalía autónoma en todos sus aspectos, con recursos y capacidades administrativas y operativas necesarias para desarrollar debida y oportunamente sus labores.

Tras recordar los pronunciamientos que en materia de seguridad pública han hecho instancias internacionales donde se pronuncian por la reducción al máximo de la intervención de las Fuerzas Armadas en esas tareas, puntualizó que la iniciativa de reforma constitucional no incorpora elementos objetivos ni aporta evidencia que sustente el sentido de la misma, y no se advierte que la medida encuadre en una verdadera política pública o plan que marque una hoja de ruta para la atención de la seguridad pública. Además, no queda claro cómo se desarrollan a las políticas civiles, el destino y papel de las que actualmente operan.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here