La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su condena ante las denuncias de esterilizaciones sin debida información y consentimiento previo, en el centro de detención migratoria del condado de Irwin, Georgia, Estados Unidos.

Estos procedimientos no consensuados constituyen una violación al derecho a la seguridad de la persona, a la protección contra ataques abusivos a la vida privada y familiar, y a la salud de las mujeres migrantes; y son una compleja manifestación de la violencia, con base en factores como género, condición de persona migrante, raza y origen.

Además, estas prácticas constituyen una grave vulneración de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres afectadas. En este sentido, la CIDH urge al Estado a erradicar inmediatamente este tipo de procedimientos, así como a investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables.

De igual forma, Estados Unidos debe garantizar recursos efectivos a las víctimas cuando sus derechos hayan sido violados.

De acuerdo con la denuncia presentada por organizaciones de defensa de derechos humanos a la Oficina del Inspector General de fecha 14 de septiembre de 2020 en la instalación migratoria del Immigration and Customs Enforcement’s en Irwin, se habrían presentado vulneraciones en contra de la población migrante privada de su libertad, principalmente, en contra de las mujeres.

Dicha denuncia es reforzada por un informe elaborado por un equipo independiente de personal médico, cuyos hallazgos fueron publicados el 22 de octubre, en el que se revisan los registros médicos de 19 mujeres migrantes anteriormente detenidas, y se detalla un escenario de múltiples vulneraciones a los derechos humanos, incluyendo los derechos reproductivos y la salud en general.

Además de la realización de los procedimientos quirúrgicos en referencia, se destacan vulneraciones como: 1) negligente atención médica general; 2) inexistencia de medidas eficientes que prevengan el contagio del COVID-19; 3) obstáculos en el acceso a servicios médicos ante barreras lingüísticas, reflejadas en la falta de intérpretes; y 4) tratamiento discriminatorio e intimidación en contra de personas migrantes de países hispanohablantes, especialmente por personal médico del centro.

Por último, preocupa a la Comisión que, de acuerdo con información publicada por la prensa entre el 14 de septiembre, fecha de la formalización de la denuncia ante la Oficina del Inspector General del DHS, y los informes más recientes difundidos en la prensa, el 22 de octubre, no se habrían adoptado medidas relevantes.

De igual manera, resultan preocupantes los relatos públicos e información recibida por la CIDH, que dan cuenta de un clima de temor de retaliaciones en contra de personas migrantes detenidas en el centro de detención de Irwin.

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