La falta de certeza en la calidad del agua es causa de que la población de la Ciudad de México gaste más de cuatro mil millones de pesos en agua embotellada al año, lo que lleva a replantear la situación en municipios y organismos del sistema hidráulico, antes de incluir este producto en la canasta básica.

La doctora Delia Montero Contreras, investigadora del Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana, destaca la importancia de evaluar la tarea de esos sistemas responsables de repartir el vital líquido para consumo humano y terminar con “la corrupción que permitió que de pronto aparecieran cientos de purificadoras sin control.

Sobre todo cuando la incertidumbre sobre la calidad del agua hace que los ciudadanos consideren más segura la embotellada, que “representa un gasto millonario para los hogares de todo el país”.

Explica que prueba de esto es que “las familias de menores ingresos son las que destinan más recursos en agua envasada, pero no son las únicas, ya que 90% de los habitantes del país” registra ese hábito, por lo que “México destaca a nivel mundial como el principal consumidor, con 390 litros por persona al año”.

En su estudio Agua embotellada no debe ir en la canasta básica, la académica califica de “tema sensible” esta iniciativa del gobierno federal, toda vez que es fundamental evaluar las funciones de los municipios y organismos operadores y de los cientos de purificadoras sin control que crecieron en los últimos 19 años.

“Difundir la información como señala el propio Presidente de la República es fundamental, pero el cambio institucional requiere más que eso, se necesita terminar con la corrupción que permitió que de pronto aparecieran cientos de purificadoras sin control, que son más que prácticas ligadas al mal manejo de permisos, verificaciones y pipas”.

La jefa del Área de Investigación de Economía Institucional, Estado y Gestión Social de la Unidad Iztapalapa sostiene que se debe evaluar a las purificadoras, aquellos pequeños negocios que desde el año 2000 venden “agua purificada, pero de dudosa calidad a familias de bajos recursos.

“El problema con estas pequeñas empresas es que no están debidamente reguladas, posiblemente muchas no estén registradas ni pagan impuestos, muchas de ellas se abastecen de pipas, no cambian seguido sus filtros y se ubican sobre todo en zonas de bajos ingresos con precios que oscilan entre los 7 y 15 pesos por garrafón”, considera.

 “Entre purificadoras y transnacionales poco a poco han cerrado el círculo de consumidores en México, en el cual casi no hay competencia, ya que las primeras se orientan a un mercado de bajos ingresos que no es el más importante para las transnacionales, mientras éstas últimas se sitúan en el segmento de medios y altos ingresos”, precisa.

Ante este panorama, la investigadora concluye que la afirmación de “que el agua embotellada no debe de entrar en la canasta básica se debe a que la fuente de abastecimiento del vital líquido de los beneficiarios de programa son las purificadoras, que en muchos casos son establecimientos sin regulación, a lo que agregaríamos que el comercio de agua en pipas con las que muchas se abastecen es todo un misterio y corrupción”.

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