En consonancia con lo que los mexicanos íbamos conociendo día sobre la administración del gobierno anterior, México descendió 3 lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2018 dado a conocer en Berlín y fue ubicado en el sitio 138 de 180 naciones evaluadas.

Y es que solo obtuvo 28 puntos en una escala de 0 a 100 del Índice 2018 de Transparencia Internacional, mismos que lo colocan en el último lugar entre los miembros de la OCDE, debajo incluso de países como Grecia o Hungría, que en años anteriores enfrentaron serios problemas de gobernabilidad.  

Más aún, México es de los países más corruptos en América Latina, muy lejano del sitio 27 que ostenta Chile, o del 75 de Argentina, superando únicamente a Guatemala y Nicaragua, ambos con graves problemas de gobernabilidad en los últimos meses. 

En el análisis de Transparencia Mexicana sobre la política anticorrupción en México, se señala que las medidas adoptadas son de carácter preventivo, y muchas han sido ineficaces.

De igual forma, un número limitado de las acciones anticorrupción en México conducen a la sanción, la recuperación de activos robados o la reparación del daño a las víctimas.

Eduardo Bohórquez, director de la oficina en México de Transparencia Internacional, explica que el país no ha logrado desmantelar las redes de corrupción detectadas, ni las redes que les han brindado protección política. “Las medidas preventivas tomadas hasta ahora pierden efectividad cuando quienes participan en las redes de corrupción saben bien que no serán sentenciados y que podrán mantener los recursos desviados del erario público”,

La falta de sanciones por corrupción es lamentable. En materia penal, de acuerdo con datos del Grupo de Acción Financiera Internacional, entre 2013 y 2016, sólo 2.9% de las acciones penales terminaron en condena. Por lo que toca al cohecho internacional, Transparencia Mexicana analizó los resultados de la Convención para prevenir el Cohecho de la OCDE, ratificada por México en 1999. Desde ese año, y hasta la fecha, se inició un número limitado de investigaciones y ninguna de ellas ha sido sancionada.

El marco legal anticorrupción aprobado por México en 2015 sigue sin ser implementado a cabalidad. A tres años de la creación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción no está plenamente integrado y no es funcional como sistema. Siguen sin ser nombrados los titulares de la fiscalías especial anticorrupción, delitos electorales y derechos humanos; figuras clave en el control de la corrupción y sus efectos. El nombramiento de jueces anticorrupción en materia administrativa también está pendiente y los estados de la República tampoco han consolidado sus sistemas locales.

México carece de una política anticorrupción integral para todos los niveles y poderes de gobierno. Sin una política efectiva en todo el territorio, los escándalos de los que la sociedad mexicana ha sido testigo por décadas seguirán sucediendo, y México se mantendrá en esta lamentable posición, en éste y otros índices internacionales.

La exigencia social contra la corrupción ha ido creciendo. Además de las movilizaciones cívicas de 2016 que condujeron a un conjunto de reformas anticorrupción, la sociedad mexicana se manifestó también a través de las urnas en la elección de 2018. El nuevo Ejecutivo Federal ha asumido el compromiso para reducir significativamente los niveles de corrupción y mejorar la ubicación de México en los índices que miden este fenómeno a nivel internacional.

México podrá afirmar que está avanzando en el control efectivo de la corrupción cuando inicie el desmantelamiento de las redes de corrupción que han capturado instituciones públicas y cuando regresen a las arcas de la nación los recursos desviados, mediante una política de recuperación de activos.

Consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción, pasando de la etapa de nombramientos a generar primeros resultados. Corregir las acciones preventivas que no logren resultados medibles y orientar la política anticorrupción hacia la sanción y la recuperación de activos. Desmantelar las redes de corrupción que operan a nivel nacional y que gozan de protección política en los diferentes órdenes de gobierno. Mantener un esfuerzo continuo y sistemático en la política anticorrupción.

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