Otro país latinoamericano donde la justicia se usa con fines políticos es Brasil, y trascendió que una investigación del medio local The Intercept Brasil difundió conversaciones entre agentes públicos que participaron en la operación Lava Jato, que ponen en duda la imparcialidad de la pesquisa y la condena contra el expresidente Luis Inácio Da Silva.

La investigación de The Intercept indica que los fiscales actuaron coordinados con el juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia brasileño, para perjudicar deliberadamente a Lula, hoy preso por el delito de corrupción.

Se presume que esta acción concertada buscaba impedir que la izquierda volviera al poder, de acuerdo con este medio de comunicación está a cargo del periodista Glenn Greenwald, el mismo a quien Edward Snowden reveló programas de espionaje de la NSA.

Greenwald dijo que éste es el inicio de varias revelaciones basadas en informes entregados por una fuente no identificada por The Intercept,, que mostrarían que los principales responsables de la Operación Lava Jato tuvieron varias intervenciones políticamente motivadas.

El medio difunde fragmentos de diálogos entre el fiscal Deltan Dallagnol y el exmagistrado Moro, quien condenó a Lula a 9 años y 6 meses de prisión en 2017 por recibir un departamento en una playa de Sao Paulo a cambio de favores políticos a la constructora OAS.

Las conversaciones privadas muestran según The Intercept que Moro sugirió a Dallagnol cambiar el orden de las fases de la operación Lava Jato, e instruyó a los fiscales encargados del caso, algo prohibido por ley. Otras conversaciones muestran a Dallagnol preocupado por la solidez de las acusaciones contra Lula.

Más aún, hay grabaciones donde fiscales del grupo que investigaba Lava Jato discutían como frenar una entrevista que Lula, en prisión desde abril de 2018, había concedido al diario Folha de Sao Paulo porque podría beneficiar al Partido de los Trabajadores en las elecciones de octubre 2018, ganadas por Jair Bolsonaro, quien nombró a Moro Ministro de Justicia.

En un comunicado, el Ministerio Público de Curitiba dijo que los procuradores están tranquilos sobre la legitimidad de la actuación, pero expresaron su “preocupación con la seguridad personal y con la fiscalización y manipulación del significado de los mensajes”.

La defensa de Lula, expresó que los documentos divulgados por The Intercept muestran que la actuación de los procuradores y del exjuez Sergio Moro tuvo un “objetivo político” y que “nadie puede tener dudas de que los procesos contra el expresidente Lula están corrompidos”.

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