La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos alertó sobre la posible llegada de una importante crisis socioeconómica y humanitaria, con tasas de pobreza que podrían alcanzar más del 37% durante este año en América Latina y el Caribe, de acuerdo con datos más recientes.

Durante un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos donde repasó la situación humanitaria a nivel global, Michelle Bachelet indicó que los efectos causados por el coronavirus en América se han agudizado por la debilidad de los sistemas de seguridad social, las desigualdades estructurales y discriminación -especialmente las que sufren los pueblos afrodescendientes e indígenas-, la escasa diversificación de las economías y el elevado número de trabajadores informales.

Bachelet recordó que durante los últimos años ya habían crecido los movimientos de protesta social en naciones como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México o Perú y, pese a las peculiaridades de cada protesta, explicó que todos se centran generalmente en el acceso inadecuado a los derechos económicos y sociales, la discriminación, la impunidad y las acusaciones de corrupción.

“En varios países, la respuesta a las manifestaciones ha sido el uso excesivo de la fuerza. El desarrollo de la crisis socioeconómica y humanitaria de la pandemia corre el riesgo de agravar aún más este descontento y podría desencadenar una nueva ola de disturbios sociales”, advirtió la chilena.

Alentó a los Estados a tomar medidas para evitar que se produzca un mayor deterioro de la situación y les pidió que protejan el derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica.

Bachelet también denunció que el establecimiento de más controles fronterizos en la región y el uso de las fuerzas de seguridad para frenar a los migrantes aumenta los riesgos que corren estas personas. Es “particularmente preocupante” la militarización de las fronteras de Ecuador, Perú y Chile en el contexto de “un movimiento continuado sin precedentes de venezolanos” y las expulsiones sin que se evalúe si necesitan protección.

La Alta Comisionada también destacó que la menor aplicación de las leyes medioambientales durante la pandemia ha causado un aumento de la minería y la tala ilegales en Brasil y otros países de la región del Amazonas, con un impacto especialmente perjudicial para los pueblos indígenas,.

Del mismo modo, expresó su preocupación por los continuos ataques contra activistas medioambientales, defensores de los derechos humanos y periodistas, así como el uso indebido de las leyes penales para silenciar las voces críticas.

Alertó sobre el incremento de riesgos para las personas desplazadas debido a unos controles fronterizos cada vez más estrictos y el uso de las fuerzas de seguridad para detener a los migrantes en varios Estados.

A modo de ejemplo recordó el hallazgo de los cuerpos carbonizados de 19 personas -al menos 14 de ellas migrantes guatemaltecos, junto con sus presuntos traficantes- cerca de la frontera de México con Estados Unidos. (Naciones Unidas)

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