Integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, procesaron y aprobaron por unanimidad la minuta que expide la Ley de Amnistía, con el fin de despresurizar los centros penitenciarios del país como un acto humanitario para evitar contagios de Covid-19 al interior de los penales.

El proyecto de decreto enviado a la Mesa Directiva, busca garantizar el derecho a la protección de la salud de las personas que hoy se encuentran recluidas por delitos menores, debido a su condición de pobreza, exclusión y discriminación.

A esta reunión extraordinaria acudieron senadoras y senadores de los Grupos Parlamentarios de Morena y PT. No acudieron legisladoras y legisladores del PAN, PRI, MC y PRD,

La Ley de Amnistía beneficiará solo a personas procesadas o se les haya dictado sentencia firme en tribunales del orden federal; aquellas no reincidentes respecto del delito que están sentenciados, y que hayan cometido delitos antes de la fecha de entrada en vigor de esta ley.

Los supuestos en los que aplicará la amnistía son por el delito de aborto en cualquiera de sus modalidades, delitos contra la salud cometidos por personas en situación de pobreza o extrema vulnerabilidad, por tener discapacidad permanente, o cuando el delito se haya cometido por indicación de su cónyuge, concubinario o concubina o haya sido obligado por la delincuencia organizada.

También aplica para quienes hayan cometido robo simple y sin violencia, pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura.

El proyecto de decreto también contempla liberar a los procesados o sentenciados por delito de sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de este delito formando parte de grupos impulsados por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional. La amnistía para este grupo aplicará siempre que no se trate de terrorismo, y que en los hechos no se haya producido privación de la vida, lesiones graves a otra persona o se hayan utilizado armas de fuego.

El Ejecutivo federal precisa que deberá integrar una Comisión que coordine los actos para dar cumplimiento a esta ley. La solicitud de amnistía será resuelta por ese organismo en un plazo máximo de 4 meses contados a partir de la presentación de la misma.

El dictamen indica que no beneficiará a reincidentes, personas acusadas de homicidio, secuestro, lesiones graves, violencia o utilización de armas de fuego, feminicidas, violadores, tratantes, huachicoleros o delincuentes dedicados al robo de casas habitación, entre otros.

El presidente de la Comisión de Gobernación, Cristóbal Arias Solís explicó que esta reunión extraordinaria deviene de la urgencia de aprobar un proyecto de ley que es considerado como un asunto de trascendencia nacional.

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