El Senado de la República aprobó pese a la  oposición del PAN y el PRI,  el dictamen que el establece que delitos como la defraudación fiscal y la venta de facturas falsas ameritan prisión preventiva.

El dictamen fue procesado y aprobado en lo general con 82 votos a favor y 34 en contra, en tanto que fue avalada en lo particular con 66 favor y 45 en contra.

El dictamen en cuestión reforma, adiciona y deroga disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal.

Se señala como delito “la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.

Más aún, estipula las mismas sanciones a quien permita o publique anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos, señala el dictamen.

La legislación incrementa las penas e impone sanción de 5 a 8 años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

La reforma legal, que entraría en vigor el 1 de enero de 2020 equipara los actos ilícitos en contra del fisco federal como amenaza a la seguridad nacional.

Asimismo, la adquisición de comprobantes fiscales y el  uso de empresas fantasmas, serán considerados delincuencia organizada si el monto supera los 7.8 millones de pesos y participan al menos 3 contribuyentes.

La reforma legal fue remitida a la Cámara de Diputados para su aprobación.

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