La Cámara de Diputados aprobó tanto en lo general como en lo particular, el dictamen a la minuta que combate a las empresas fantasma y la defraudación fiscal con facturas falsas. El texto avalado en lo general, y en lo particular los artículos no reservados por 318 votos a favor, 121 en contra y 3 abstenciones, fue enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

En esta reforma que adiciona y deroga disposiciones de las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional, así como de los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y el Penal Federal, considera como amenaza a la seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco federal, que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Se incluye en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada al contrabando, la defraudación fiscal y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Asimismo, establece como delito la defraudación fiscal, cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que actualmente contempla 2 millones 601 mil 410 pesos.

Se indica que  los criterios de oportunidad del artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales serán procedentes cuando el imputado aporte información fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución del beneficiario final del mismo delito.

Del Código Fiscal de la Federación se deroga la fracción III del artículo 113, y se reforma el 113 Bis, donde se indica que se habrá pena de 2 a 9 años de prisión, a quien por sí o interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos simulados. También será sancionado quien sabiéndolo, permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos simulados.

Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos.

Más aún, se requerirá querella de la Secretaría de Hacienda para proceder penalmente por este delito.

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