La crisis de Nicaragua justifica la aplicación de la Carta de la Organización de estados Americanos, misma que se usa cuando hay ruptura del orden democrático y sería el primer paso de un proceso que puede llevar a la suspensión del paí centroamericano.

Según el Secretario general de la OEA, Luis Almagro, “la crisis en Nicaragua justifica plenamente la invocación del Artículo 20 de la Carta Interamericana, y está hecho con criterios constructivos, procurando alcanzar acuerdos”.

En la sesión extraordinaria de este viernes, el secretario Almagro puntualizó que “el gobierno está actuando fuera del margen del Estado de Derecho”, a propósito de la falta de libertad de expresión, múltiples casos de abusos, represión y denuncias de tortura, así como criminalización de las protestas.

Las protestas iniciaron el 18 de abril de 2018 contra una reforma del seguro social que derivó en un movimiento para reclamar la renuncia del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo.

Para aplicar el Artículo 20 es necesario el voto afirmativo de dos tercios de los integrantes del organismo, una mayoría difícil de conseguir.

Denis Moncada, el canciller de Nicaragua que ejerció como embajador ante el organismo interamericano, señaló que “esta reunión de Consejo Permanente, que se realiza a pedido del secretario general, es ilegal, ilícita e inexistente pues viola la misma institucionalidad de la OEA, la carta de la ONU y transgrede el derecho internacional”,

La represión a las protestas ha dejado 325 muertos y 400 detenidos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Durante la sesión, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paolo Abrao, pidió a los países de la región que consideren la “grave situación que ocurre en Nicaragua”.

El embajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo, afirmó que el consejo tiene la obligación de actuar. “El informe de diciembre de la CIDH documenta abusos sistemáticos que claramente fueron ordenados por el régimen”, aseguró.

 En diciembre un informe realizado por expertos enviados por la CIDH a Nicaragua denunció “crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de libertad y crimen de persecución”.

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