Frente a la asunción de un nuevo mandato del Presidente Nicolás Maduro este 10 de enero como resultado de un proceso electoral que no contó con las mínimas condiciones para la realización de elecciones libres y justas en el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alerta sobre la profundización del debilitamiento institucional en Venezuela.

Precisa que Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral el pasado 20 de mayo, y que en las instancias previas del proceso electoral, hubo obstáculos para la participación efectiva de la oposición, lo que se tradujo en un alto grado de abstención de las fuerzas políticas que afectó el pluralismo en elecciones democráticas.

Entre otras irregularidades, destaca la injerencia de la Asamblea Nacional Constituyente sobre el Colegio Electoral; reprogramación del calendario electoral de modo imprevisto; no validación de partidos políticos por no haber participado en “elecciones inmediatamente anteriores”; inhabilitaciones para ejercer la función pública a integrantes de la oposición; plazos muy cortos y requisitos impuestos por el CNE para inscribir candidatos; convocatoria apresurada a elecciones, y afectación en el registro de nuevos electores y personas venezolanas en el extranjero.

La OEA, la Unión Europea, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU se pronunciaron sobre la falta de legitimidad de las elecciones presidenciales, y el Grupo de Lima, hizo un llamado al Presidente a no asumir este 10 de enero, instándolo a respetar las atribuciones de la Asamblea Nacional y transferirle en forma provisional el poder ejecutivo hasta la realización de nuevas elecciones presidenciales democráticas.

Desde hace años la CIDH ha alertado sobre el debilitamiento de la institucionalidad democrática y la situación de derechos humanos que atraviesa en Venezuela, en un contexto de represión y persecución a la disidencia, en el marco de la militarización de la seguridad pública que agrava el deterioro de los derechos políticos y a la participación en la vida pública, en estrecha relación con la afectación a la libertad de expresión.

La CIDH y su Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión continúan observando el deterioro a la libertad de expresión, debido a la apertura de procesos penales contra periodistas que investigan hechos de corrupción, y se han denunciado estrategias para intentar controlar la circulación de información en Internet a través del bloqueo de sitios web y la vigilancia de las comunicaciones de ciudadanos en redes sociales.

Además, se agravó la situación de provisión de papel por parte de la empresa estatal, lo que determinó que al menos 35 periódicos vieran reducidas sus ediciones, tirajes y/o dejarán de circular.

En paralelo, la CIDH y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales siguen observando un agravamiento en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales en el país. A su vez, la escasez de alimentos y el encarecimiento de los pocos productos proteicos provocan la desnutrición crónica infantil, de personas adultas mayores y el deterioro de la alimentación saludable.

Como en anteriores oportunidades, la CIDH urge al gobierno venezolano a respetar la separación de poderes, el principio de representación popular y las competencias que la constitución confiere a cada órgano, garantía indispensable de un régimen democrático y del Estado de Derecho.

Asimismo, la CIDH reitera su disposición para colaborar con el Estado de Venezuela en el marco de su mandato y funciones a fin de respetar el orden constitucional y democrático en el país.

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