La Cámara de Diputados tiene en sus manos la iniciativa del Gobierno Federal que expide la Ley de Amnistía, y el texto ha sido enviado a las comisiones unidas de Justicia y de Gobernación y Población. En el documento se plasma la finalidad de aliviar las injusticias que padece la población, entre las que destaca la falta de justicia pronta y expedita.

 

La Fiscalía General de la República será la institución facultada para la aplicación de la Ley de Amnistía, con la intervención que corresponda a la dependencia del Poder Ejecutivo federal, en particular a la Secretaría de Gobernación, a la que se faculta para conocer, estudiar y resolver de manera específica, no limitante a otras hipótesis, los casos de personas privadas de su libertad por motivos políticos.

 

Entre los preceptos de dicha iniciativa se destaca que quienes quieran beneficiarse de la Ley, deberán reunir condiciones tales como que su sentencia haya sido la primera que recibieron por el delito del que se les indició; que no hayan sido condenadas por delitos en los que se privó de la vida a otra persona, delitos contra la integridad corporal o secuestro o hayan provocado lesiones graves con secuelas permanentes; y que en la comisión del delito no hayan empleado armas de fuego.

 

La amnistía incluye a quienes cometieron el delito de sedición u otros similares contemplados por el Código Penal Federal, por motivaciones de ideología política, o que hubieren sido indiciados por participar en movimientos o protestas sociales.

 

Otros beneficiados son por delito de aborto en cualquiera de sus modalidades, previsto en el Código Penal Federal, tanto a madre del producto del embarazo interrumpido, y a médicos o parteros que hayan participado, siempre que no haya habido violencia y se tuviera el consentimiento de la madre.

 

Más aún, se beneficiarán de la Ley presos por posesión o transporte de narcóticos, que no representen amenaza a la sociedad, en particular los de situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad; con discapacidad permanente; que hayan sido obligados por sus parejas, familiares o miembros de la delincuencia organizada o por temor fundado y pertenezca a cualquier grupo étnico.

 

También incluye amnistía a consumidores que hayan poseído narcóticos en cantidades superiores hasta 2 tantos a la dosis máxima de consumo personal e inmediato, siempre que no haya sido con fines de distribución o venta.

 

De igual modo, aplicará para cualquier delito de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura.

 

También serán sujetos de la ley de Amnistía encarcelados por el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena privativa de la libertad de más de 4 años, y sedición, siempre y cuando no se trate de terrorismo, que en los hechos se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otra persona, o empleado o utilizado armas de fuego.

 

No serán beneficiarios de la Ley de Amnistía personas procesadas o sentenciadas por delitos graves o aquellos a que hace referencia el artículo 19 de la Constitución Política. La amnistía beneficiaría a quienes están en prisión por delitos menores, “no a homicidas o secuestradores, ni a quienes hayan causado un grave daño a otra persona”.

 

 

 

 

 

 

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