Se cumplen 5 años de la masacre de Tlatlaya, en la que al menos 12 personas fueron muertas por elementos del Ejército en el contexto de la militarización de la seguridad pública y para el Centro de derechos humanos Agustín Pro, a la fecha no hay ningún responsable rindiendo cuentas ante la justicia.

Recuerda en un comunicado que fue el 30 de junio de 2014,  cuando 22 personas fueron privadas de la vida en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional señaló que fue resultado de un enfrentamiento entre un grupo de la delincuencia y elementos del 102 Batallón de Infantería, investigaciones periodísticas, el testimonio de la sobreviviente Clara Gómez González y la Recomendación de la CNDH revelaron que un número hasta ahora indeterminado de estas muertes, entre 12 y 15.

Según la Comisión, fue resultado de ejecuciones cometidas cuando los civiles ya se habían rendido y que existió alteración de la escena del crimen para encubrir a los responsables, además de tortura a sobrevivientes para que no revelaran lo que  sucedió.

El Centro Prodh logró acreditar además que días antes de los hechos la unidad castrense implicada en las ejecuciones había recibido de sus mandos una orden que literalmente instruía “abatir civiles en horas de oscuridad”.  

La Sedena inició una averiguación previa por los hechos y en marzo de 2016, el Juzgado Sexto Militar dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a 6 de los 7 militares acusados; el séptimo fue condenado  a 1 año de prisión por el delito de desobediencia.

Por su parte, la PGR inició y consignó la Averiguación Previa en la que acusó a 7 militares por el homicidio de 8 civiles y por encubrimiento, pero debido a que no ofreció pruebas contundentes para señalar la identidad individual de los soldados responsables, fueron liberados en mayo de 2016, a pesar de considerarse probado que existieron ejecuciones arbitrarias.

Gracias a la búsqueda de justicia de Clara Gómez González, quien perdió en los hechos a su hija Ericka, el 31 de julio de 2017, el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México ordenó a la PGR, que realizara la investigación de los hechos, agotando la cadena de mando e investigando la orden castrense que instruía a abatir delincuentes.

A pesar de esta sentencia y de pronunciamientos a favor de la justicia por parte de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de procedimientos especiales, como el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, no hay un avance que se dirija al esclarecimiento de la verdad ni hay resolución alguna que sancione por homicidio a los funcionarios militares implicados en el caso.

Así, el encubrimiento y la impunidad que privan en este caso son un mensaje negativo sobre la intervención militar en la seguridad pública en el momento en que ha entrado en operación la Guardia Nacional.

Agrega el Centro Prodh que si los hechos no son esclarecidos y los responsables sancionados, se entenderá que la privación de la vida en el contexto de la intervención militar en la seguridad pública no tiene consecuencias, lo que puede repercutir  en nuevas y graves violaciones a derechos humanos.

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