Cualquier posibilidad de entendimiento entre las fuerzas que representan tanto a la derecha como a la izquierda quedó truncada después de la elección del 1o de julio. Unos comicios que se dieron en orden, pero de forma ilegal.

La provocación es espontánea o recíproca entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, el primero tiene todo que perder y nada que ganar, el segundo perdió todo sin recuperar nada. Ambos llegaron a un “callejón sin salida”, dejando la sensación de que pelean un cadáver como es el proceso final de las elecciones.

En este contexto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), está ensoberbecido y descalifica las acusaciones de irregularidades en el proceso electoral, asegura que sólo es un show y es cuestión de tiempo para que las cosas vuelvan a la normalidad. Basan su estrategia en el respeto a la ley que ellos violentaron. Al mismo tiempo llaman a la concordia con el fin de una toma de posesión en orden.

En cambio el tabasqueño no cede, apuesta a la ingobernabilidad. Venderá cara su derrota y aunque no lo quieran reconocer los tricolores, habrá un costo político debido a la campaña de desprestigio del proceso electoral, el cual ha calado hondo en la población.

Cualquier acuerdo duradero para alcanzar la estabilidad pasa a través del esclarecimiento de la utilización de recursos de 16 gobernadores incluidos priistas y perredistas, asimismo de que se lleve a cabo la fiscalización de los partidos y coaliciones, respecto a sus ingresos y gastos de campaña, especialmente en los casos de las tarjetas del Banco Monex SA, y tiendas Soriana SA de CV, presumiblemente distribuidas desde el PRI para la compra y coacción del voto. Además que la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE), acelere el resultado de las quejas vinculadas con la denuncia de José Aquino, que involucran 56 millones de dólares presumiblemente para financiar en el extranjero la imagen del candidato priista Peña Nieto.

En este sentido el sector empresarial al igual que los demás actores debería contribuir a dar tranquilidad y serenidad al país. Pero lejos de eso, los empresarios consideran que la situación post electoral daña seriamente la economía e imagen de México y principalmente pone en riesgo sus ganancias.

Les resulta más cómodo ver a la izquierda como un enemigo y consideran que se le ha injuriado, ofendido, menoscabando públicamente su honra y reputación. No les interesa que el debate que actualmente se desarrolla en torno al proceso electoral del 1o de julio es un tema de interés nacional. Su actitud de odio implica validar todas las irregularidades.

Bajo estos negros nubarrones la tolerancia resulta un concepto lejano de alcanzar en las circunstancias actuales. Por tanto, no puede permitirse que la alternancia se traduzca en posiciones mezquinas como las que predominan en el escenario nacional. En teoría la próxima legislatura del Congreso de la Unión y del Senado de la República podría coadyuvar a atemperar los ánimos e impulsar una agenda enfocada a democratizar el poder público. La realidad obliga a empoderar a los ciudadanos y promover la inclusión social.

Así como controlar a los poderes fácticos. Este criterio debe ser aplicado a las iniciativas en materia económica, política y social. No obstante, esto es poco probable que se de. Diputados y senadores han usado como trampolín el poder legislativo para llegar a la gubernatura en 22 entidades, en los procesos electorales de los últimos seis años. Su racionamiento da por sentado que los problemas de la nación pueden esperar o se resuelven solos. El error de cálculo lo pagaremos todos.