Denuncia Human Rights Watch posibles” crímenes de guerra de Israel en Gaza

Denuncia Human Rights Watch posibles” crímenes de guerra de Israel en Gaza

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Para la organización internacional, Human Rights Watch, oficiales israelíes que autorizaron “el uso reiterado” de fuerza letal “contra manifestantes palestinos que no representaban una amenaza real para la vida” durante la denominada Gran Marcha del Retorno, podrían ser acusados por crímenes de guerra.

Según HRW, los casos de varios palestinos heridos en las protestas muestran, “junto con fotografías y vídeos, un patrón de las fuerzas israelíes que disparan con munición real contra personas que no representan una amenaza inminente a la vida”.

Desde que comenzaron las movilizaciones a finales de marzo pasado en las inmediaciones de la valla que separa Gaza de territorio israelí, los disparos de las tropas israelíes y otros incidentes violentos han dejado un saldo fatal de 124 palestinos muertos.

Israel considera legítimo el uso de fuerza letal contra los manifestantes porque a su juicio, algunos son miembros del movimiento Hamás a quien acusa de utilizar las movilizaciones para romper la valla divisoria y entrar en su territorio para atentar.

Apenas el pasado lunes 11, y luego de que el Ministerio de Sanidad palestino del enclave informara de que 25 trabajadores médicos y de primeros auxilios resultaron heridos por fuego israelí, Human Rights Watch advirtió que disparar a personal médico tensa el ya deteriorado sistema sanitario en Gaza.

La ONG señala que “Israel debería pagar una compensación adecuada en todos los casos en que sus fuerzas dispararon ilegalmente a personas o mataron a sus familiares”, y apunta que la ONU debería aprobar una resolución con medidas “para garantizar la protección de los palestinos en Gaza”.

Más aún, estima que la ONU debe investigar “todas las violaciones y abusos” para identificar a los oficiales israelíes “responsables de emitir órdenes ilegales de abrir fuego”, y reclama que la Corte Penal Internacional abra una investigación y que los Estados impongan sanciones “contra los funcionarios responsables de las continuas violaciones graves de los derechos humanos”.