Ley de Seguridad Interior: cuestionamientos. Por Alfredo Vega

Ley de Seguridad Interior: cuestionamientos. Por Alfredo Vega

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La Cámara de Diputados respondió rapidísimo al llamado presidencial para aprobar la Ley de Seguridad Interior como no lo había hecho en otros asuntos de la misma o mayor importancia para la situación que se vive en el país, y con el voto mayoritario del PRI y sus aliados, aprobó el ordenamiento que llega ahora al Senado en donde todo indica que pasará sin problemas aunque después se dirima en la Corte, porque hay quienes van a presentar un recurso de inconstitucionalidad.

La ley que otorga marco legal a la actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, ciertamente era algo necesario para el Ejército y la Marina, enviados a las calles de un buen número de poblaciones del país ante la ineficacia de la autoridad civil y sus cuerpos policiacos para darle al ciudadano algo que consagra la Constitución y que es obligación del Estado: seguridad.

De alguna forma el ordenamiento responde a un llamado hecho por nuestras fuerzas armadas desde hace años y que era necesario para regular su actuación en tareas que no les corresponden. Hasta ahí, todo bien.

Sin embargo, los diputados del PRI y sus aliados cerraron la puerta a cualquier intento de debate por parte de la oposición, y desecharon una a una las más de 100 reservas presentadas para analizar artículos específicos de la ley, lo cual impidió que fuera perfeccionada y evitara la tentación de organismos de derechos humanos para acudir a la Corte para impugnarla.

Y es que hay partes de la nueva ley de Seguridad Interior que preocupan a la sociedad civil, así como a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, en un país en el que la desconfianza en las autoridades es desde hace años la regla y no la excepción, sobre todo a la hora de aplicar una ley con las características de la que nos ocupa ahora.

Sobra decir que en un solo día, tanto la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, expresaron sus preocupaciones de que esta ley vaya en contra del interés de la sociedad civil aún cuando el pretexto sea ofrecer seguridad

En este aparente nuevo debate sobre la defensa y preservación de la seguridad en el territorio nacional donde las fuerzas armadas combatirán con mayor respaldo legal  al crimen organizado, es motivo de preocupación que el presidente determine la procedencia de la intervención castrense, previa consideración del Consejo de seguridad Nacional, o que en casos en los que las amenazas representen un peligro a la integridad de personas o instituciones de gobierno, el mandatario ordene acciones armadas bajo su responsabilidad.

Más aún, genera desconfianza el que al emitirse la declaratoria de protección a la seguridad interior deberá fijarse la intervención militar, misma que no podrá exceder de un año, o de que fuerzas federales y armadas desarrollen actividades en materia de seguridad en los ámbitos de sus competencias.

El punto es, ¿Cómo se regula esto o bajo qué parámetros se hará?

Por otro lado, esta ley no incluye, al menos hasta lo que entendemos, capacitar a los cuerpos policiacos, tarea que ha sido un rotundo fracaso en los últimos 10 años pese a que se ha invertido en ello una cantidad estratosférica de recursos sin  que ello se haya reflejado en mejores niveles de seguridad.

De la misma manera, gobernadores y presidentes municipales han de estar de plácemes, porque un eventual incremento de la actividad militar en las calles de diversas ciudades de la República, los releva aún más de una tareas de seguridad de las que o se han desentendido o han fracasado, porque en la mayoría de los casos sus policías no sirven y piden ayuda federal, en un ambiente de desconfianza de los subordinados hacia sus mados, bajos salarios, pobre armamento, corrupción, falta de preparación, desvío de recursos etiquetados a la seguridad publica y en suma, irresponsabilidad.

Con una ley de seguridad interior como la aprobada hasta el momento y mayor presencia militar en la calle, ¿para que preocuparse por tener mejores cuerpos policiacos, si la tropa les va a hacer el trabajo?

El trabajo de los militares en tareas de seguridad pública los expone sin duda a violaciones de derechos humanos porque su preparación castrense es profesional pero no para estas tareas.

El desenlace está cerca…aparentemente

Acerca del autor

Alfredo Vega

Coordinador de información y productor de noticiarios radiofónicos. Fue coordinador y productor de los programas: Monitor de José Gutiérrez Vivó de 1983 a 1995 y coordinador de transmisiones internacionales. Productor General del informativo, "Detrás de la La Noticia" de Ricardo Rocha, Productor General de la primera emisión de Así es la Noticia en radio 13 y actualmente es coordinador de información y productor general del noticiario "Reporte" con Martín Espinosa, en Grupo Imagen. . Colabora en este sitio con la columna: Detrás del Cristal.

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