Piden prisión para presidenta del parlamento catalán: le fijan fianza

Piden prisión para presidenta del parlamento catalán: le fijan fianza

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La presidenta del parlamento catalán, la independentista Carme Forcadell, acudió este jueves a declarar ante el Tribunal Supremo de Madrid, en una investigación por “rebelión”, delito por el que ya fueron encarcelados preventivamente varios líderes nacionalistas.

Un día después de efectuada una huelga en Cataluña para pedir la libertad de estos dirigentes, Forcadell y otros 5 diputados fueron interrogados por el juez Pablo Llarena sobre su papel en el proceso independentista lanzado en esta región.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha dictado prisión bajo fianza de 150 mil euros para Carme Forcadell, presidenta del Parlamento catalán.

La Fiscalía pidió al término de la diligencia el ingreso en prisión sin fianza de la presidenta, y los diputados Lluís Corominas, Lluís Guinó y Anna Simó por facilitar con sus votos el proceso independentista, prisión eludible con fianza para Ramona Barrufet y dejar libre al diputado de CSQP Joan Josep Nuet.

Esta petición se dio luego de que Forcadell asumiese ante el magistrado Pablo Llarena, la aplicación del artículo 155 de la Constitución que conllevó a la disolución de la cámara, matizando las consecuencias jurídicas que a su juicio tiene la declaración de independencia aprobada el pasado 27 de octubre, y a la que se ha referido como “simbólica” y “declarativa”.

La fiscalía los acusa de rebelión, sedición y malversación por haber urdido “una estrategia concertada a declarar la independencia” en el parlamento a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional, que había instado a Forcadell a no permitir iniciativas sobre la secesión.

Este plan comenzó, según la fiscalía, antes de la declaración de independencia del parlamento catalán el 27 de octubre, que supuso el punto álgido de una crisis sin precedentes en la historia moderna del país.

En su declaración de más de dos horas, Forcadell defendió que como presidenta del parlamento no tiene “libertad para impedir votaciones” y que el Tribunal no podía censurar previamente el debate parlamentario

 

 

 

 

 

 

 

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