Más descrédito: Comisión Internacional de Juristas dice que Tribunal Supremo “dio golpe de Estado en Venezuela”

Más descrédito: Comisión Internacional de Juristas dice que Tribunal Supremo “dio golpe de Estado en Venezuela”

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La Comisión Internacional de Juristas acusó este martes al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de estar “al servicio incondicional del poder Ejecutivo” y haber dado “un verdadero golpe de Estado”.

Esta prestigiada ONG, que goza de estatuto consultivo ante del Consejo Económico y Social de la ONU, presentó hoy en Ginebra un informe denominado “El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela: instrumento del Poder Ejecutivo”, que coincide en tiempos con la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Señala que las decisiones del pasado mes de marzo por las que el Tribunal Supremo de Justicia suspendió los poderes de la Asamblea Nacional (de mayoría opositora), se arrogó competencias legislativas, otorgó amplios poderes al Poder Ejecutivo y eliminó la inmunidad parlamentaria “constituyeron un verdadero golpe de Estado y una flagrante ruptura del Estado de Derecho en Venezuela”.

Los juristas apuntan que el Tribunal es hoy día una “institución cooptada y al servicio incondicional del poder Ejecutivo” y de hecho se convirtió en un instrumento de este último y del partido de Gobierno para anular las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional.

El informe explica que, desde hace años, “la Comisión Internacional de Juristas ha venido siguiendo la situación en Venezuela y ha podido constatar la pérdida de independencia del poder Judicial, el vertiginoso y sistemático deterioro de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y, en general, el ocaso del Estado de Derecho”.

Precisa que el Poder Judicial venía perdiendo su independencia desde hace 18 años, y que pese a las garantías constitucionales y legales, “el Poder Judicial ha dejado de ser una rama del Poder Público independiente e imparcial”.

La Comisión Internacional de Justicia se creó en 1953 y su objetivo es la promoción y protección de los derechos humanos a través del Estado de derecho, con la participación de países latinoamericanos como México, Chile, Perú, Argentina, Colombia y Costa Rica.

 

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